Hoy fue un dia muy movido para el gobierno nacional. Las buenas noticias llegaron desde el exterior. La baja del riesgo pais, suba de los bonos y la posibilidad de un nuevo acuerdo con el FMI, le dan a Milei varias herramientas para levantar el cepo en las próximas semanas.
Pero también hubo críticas.
Se conoció el duro comunicado de la Mesa de Enlace Córdoba que emitió una nota en la que le pide al Gobierno nacional que tome medidas ante la delicada situación del campo:
“El sector agropecuario lleva más de 20 años soportando un estado de ineficiencia, con gastos insostenibles y una presión fiscal incompatible con la producción. A esto se suma la coyuntura climática y de mercados internacionales adversa, que ha puesto de manifiesto el tremendo daño que producen las retenciones: un impuesto distorsivo y discriminatorio que, por su magnitud y persistencia, está asfixiando al sector”, dice la nota.
Otro de los puntos que tuvo repercusión en los medios y generó críticas al gobierno, fue la prórroga por decreto del Fondo Nacional de Turismo, financiado en parte por un impuesto a los pasajes. La medida, por un lado, puso en contradicción el discurso del gobierno de Javier Milei acerca de su intención de bajar la presión impositiva. Y, por otro, encendió alarmas entre dirigentes de la oposición y expertos en derecho tributario, que advirtieron que el DNU es inconstitucional porque aborda una materia vedada.
Mediante el DNU 4/25, publicado este lunes en el Boletín Oficial, Milei y su Gabinete prorrogaron, hasta el 31 de diciembre de 2027, el Fondo Nacional del Turismo, que se nutre en parte de un impuesto del 7% sobre el precio de los pasajes aéreos, marítimos y fluviales al exterior, que hayan sido vendidos o emitidos en el país, o en el exterior para residentes argentinos en viajes que se inicien en el territorio nacional.
No obstante, tanto dirigentes de la oposición como especialistas en derecho tributario consideraron aplicable el artículo 99 de la Constitución Nacional, que en su inciso 3 establece que los impuestos son materia vedada para los DNU y que aquellos decretos que incumplan este requisito son nulos de nulidad absoluta e insanable.
El tercer punto polémico que trascendió en los medios, tuvo de protagonista al misterioso y polémico Andrés Vázquez, recientemente nombrado al frente de la Dirección General Impositiva (DGI), quien ascendió a su pareja, María Eugenia Fanelli y además le otorgó una importante suba salarial.
La información, publicada por el diario La Nación, dice que Vázquez -ya como titular de la DGI- favoreció a su pareja “salteando rangos intermedios” para ubicarla como jefa de la Dirección Regional Centro II de la ciudad de Buenos Aires.
En ese lugar, el sueldo de bolsillo oscilaría entre los 3,8 y 4,2 millones de pesos (el neto rondaría entre los 7 y 8 millones de pesos), según sea su antigüedad y otras particularidades, según indicaron cuatro fuentes del organismo.
Vázquez firmó la designación de Fanelli (consta en la Disposición 182/2024) el 1 de noviembre y se publicó un día después en el Boletín Oficial junto al desplazamiento del hasta entonces titular de esa Dirección Regional, Luciano Botto Rostom.
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